Resumen: La indefensión, que se concibe constitucionalmente como la negación de la tutela judicial y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el párrafo segundo del art. 24 de la Constitución Española, ha de ser algo real y efectivo, nunca potencial o abstracta, es decir una indefensión material y no formal, para lo cual resulta necesaria, pero no suficiente, la concurrencia de un defecto o transgresión procesal, siendo además inexcusable que, de hecho y como consecuencia del mismo, se haya producido un menoscabo efectivo o denegación del derecho de defensa en relación con un concreto interés de quien invoca la indefensión
Resumen: La reparación se previene en el Código Penal bajo una evidente fórmula objetiva, si bien ello no disculpa de identificar en la conducta que se reputa reparadora, el valor normativo que sustenta la atenuación. Para ello, debe tomarse en cuenta, por un lado, el esfuerzo reparatorio desarrollado por la persona acusada, atendiendo a las posibilidades concurrentes, y, por otro, las consecuencias objetivamente reparadoras que para la víctima del delito se proyectan. Es cierto, no obstante, que la reparación no siempre se agota mediante fórmulas de compensación dineraria y también lo es que, para personas sin recursos económicos, satisfacer antes del inicio del juicio el total importe o una significativa parte de la indemnización fijada por el daño causado puede resultar extremadamente difícil. En este supuesto, la medición del valor objetivamente reparatorio de la conducta desplegada por la persona acusada no podrá realizarse al margen de dichas circunstancias. La casación no puede convertirse, por razones de oportunidad pretensional de la parte, en segunda instancia, sin riesgo de desnaturalizar intensamente la función y la finalidad que cumple en el sistema de recursos
Resumen: Recurre el fiscal planteando que debe aplicarse además del art. 382, la pena en concurso ideal del art. 77 aplicando primero la infracción más grave en su mitad superior y luego, de nuevo, la mitad superior. La clave está en que el iter o recorrido que debe seguirse es, en este caso, elegir como infracción más gravemente penada la del art. 152.1 en cuanto se trata de la infracción más gravemente penada, ya que es esta en lugar de la del art. 379, tal y como sostiene el Fiscal. El marco penal de referencia para aplicar es, entonces, el art. 152.1, y es sobre este sobre el que operar entonces el concurso ideal del art. 77 en la mitad superior para, luego, acudir, sobre ello, al juego del art. 382 CP para volver a aplicar a ello la mitad superior. Al final, el resultado es el mismo que propone el Fiscal, pero por el recorrido de aplicar el concurso ideal en el art. 152.1 y de ahí acudir a la mitad superior, para, de ahí, conociendo la "infracción más gravemente penada" acudir a la vía del art. 382 y volver a acudir de nuevo a la mitad superior. De no ser así se crearía un espacio de impunidad en casos de pluralidad de resultados en el ámbito de la circulación, de tal manera que no quedarían penados resultados por lesiones imprudentes a los que se les debe aplicar el concurso ideal, para,luego, acudir a la infracción más gravemente penada y otorgar un reproche punitivo más correcto y adecuado en casos de unidad de acción con pluralidad de resultados.
Resumen: Empujar el vehículo no es conducir y no puede efectuarse una interpretación extensiva en perjuicio del reo. Procede la absolución
Resumen: No es admisible el recurso de casación contra sentencias dictadas por delitos leves. No empaña lo anterior que en el presente procedimiento se dirigiese inicialmente acusación frente al ahora recurrente por la comisión de un delito menos grave. La Audiencia Provincial confirmó las razones que determinaron la degradación del ilícito imputado de delito menos grave a leve, pero estimó que esta última infracción no estaba prescrita, de tal modo que condenó al acusado, como autor de un delito leve de hurto. De ningún modo, frente a lo que el recurrente sostiene, podría considerarse así que la causa se encontró paralizada desde la fecha en que fue dictado el auto de apertura de juicio oral (14 de junio de 2019) hasta el momento de la celebración del juicio (24 de septiembre de 2020). Si estos fueran los hitos temporales a tener en consideración, efectivamente habría que reputar prescrito el delito leve, al haber transcurrido entre ambos más de un año. Sin embargo, es evidente que entre una y otra fecha se produjeron actuaciones materiales, sustanciales, necesarias para impulsar la continuación del procedimiento. La presentación del escrito de defensa o el auto que se pronuncia sobre la admisión de las pruebas propuestas por las partes tienen virtualidad interruptiva y no sólo las actuaciones practicadas con fines de investigación sumarial sino también las de ordenación del procedimiento, como la decisión del órgano jurisdiccional de admisión o rechazo de prueba.
Resumen: Existe una posibilidad de acumulación favorable, conformando un bloque con la ejecutoria en cabeza ordenada con el número 5º, al que deben acumularse las ejecutorias consecutivas pendientes numeradas del 6º al 21º. El triple de la más grave arroja una pena máxima de 9 años, 27 meses y 3 días de prisión, muy inferior al sumatorio de dichas condenas que ascendería a 41 años, 71 meses y 4 días de prisión. Cumplidos los presupuestos materiales de conexión y temporales de producción de los hechos delictivos, ha de procurarse la interpretación que de manera más amplia pueda favorecer a la persona condenada, lo que permite establecer combinaciones diversas para delimitar el eje temporal que comporte el menor tiempo de cumplimiento con relación a las condenas acumuladas. De tal modo, aunque se comience el cálculo por la sentencia más antigua en el tiempo, ello no impide formar distintos bloques que permitan llegar a un resultado punitivo que sea el más favorable para la persona condenada. Se compatibilizan así los intereses generales del sistema que impone la regla ineludible del artículo 76.2 del Código Penal con los fines preventivos de la pena que favorecen la reinserción del penado -vid. Acuerdo de Pleno no jurisdiccional de esta Sala del 27 de junio de 2018-. Procede ordenar la acumulación de las ejecutorias, a cuyo máximo de cumplimiento por el triple de la pena más grave deberá sumarse el que resulte de la suma aritmética de las ejecutorias no acumulables.
Resumen: El Pleno no Jurisdiccional de 27 de junio de 2018, acordó que la pena de multa solo se acumula una vez que ha sido transformada en responsabilidad personal subsidiaria. Ello no obsta a la acumulación condicionada cuando sea evidente el impago de la multa. Por tanto, en principio, la responsabilidad personal subsidiaria acordada o que pueda acordarse como consecuencia del impago de una pena de multa, puede ser objeto de acumulación. Solo cuando el CP lo prevé así (v. gr. en materia de suspensión de condena: art. 81) hay que estar a la suma de las condenas impuestas en una sentencia. En sede de acumulación, son las penas asignadas a cada delito las que hay que manejar para efectuar los cálculos.
Resumen: El derecho a la presunción de inocencia exige que la culpabilidad del acusado quede acreditada mediante una valoración racional de la prueba más allá de toda duda razonable, lo que, en caso contrario, podría dar lugar a su absolución. El derecho a la tutela judicial efectiva exige que las resoluciones judiciales, sea cual sea su decisión, contengan una motivación, es decir una argumentación ajustada al objeto de litigio que permita evaluar y comprobar que la solución dada al caso no es fruto de la arbitrariedad. La ausencia de motivación conllevará por regla general la nulidad de la resolución.
Resumen: Una de las consecuencias que se derivan del principio acusatorio, como eje rector de nuestro modelo procesal, es que la persona investigada o acusada, ya desde los primeros momentos de su imputación, debe ser ilustrada expresa y detalladamente del hecho punible en su doble dimensión fáctica y normativa. El principio de desconfianza es una regla que tiene un alcance tanto distributivo de las cargas de prueba, conforme a las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia, como epistémico que busca enriquecer el fundamento cognitivo de la decisión judicial en materia de hechos, reduciendo los riesgos de error. La acusación formulada por un delito de estragos terroristas en grado de tentativa en concurso real con veintinueve delitos de lesiones, basada en una descripción detallada de las condiciones de depósito y almacenamiento de los explosivos y de las características de la deflagración producida, permitió al acusado defenderse, no solo de su participación afirmada por las acusaciones sino que también dispuso de toda la información acusatoria para poder cuestionar los presupuestos normativos en los que se basa su condena, decidida por el tribunal de apelación, como autor de un delito de estragos imprudentes en concurso ideal con los delitos de lesiones imprudentes: por un lado, los muchos y muy exigibles deberes de cuidado internos y externos incumplidos y, por otro, la relación entre la conducta incumplidora y los resultados de estragos.
Resumen: Individualizada expresamente la pena mínima, al ponderar la norma más favorable, habría que estar al mínimo de la nueva norma, si fuera de menor gravedad que la anterior, sin atender a otros criterios de proporcionalidad. Procede atender a la aplicación de la normativa que resultó tras la LO 10/2022. Pero a ello debería añadirse que la reforma en el art. 192.3 impone que la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, sea por un tiempo superior entre cinco y veinte años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en la sentencia. Es necesaria una interpretación amplia del precepto, 120.4 CP, no sólo afirmando la responsabilidad en la culpa in eligendo y culpa in vigilando, de manera que quien se beneficia de las actividades que de alguna manera puedan generar un riesgo para terceros deben soportar las eventuales consecuencias de orden civil respecto de estos terceros cuando resulten perjudicados. El principio de que las acciones dolosas carecen de cobertura, se interpreta en el sentido de que será así cuando sea el propio profesional responsable de una actuación de ese carácter el que reclama; pero esto no exime al asegurador de responder frente a las víctimas, que gozan de una acción directa, en los términos del art. 117 CP y según lo dispuesto en el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro; sin perjuicio de repetir contra aquel.
